La alcaldesa de Segovia, Clara Martín, asegura que detener el derribo que empezaba este viernes del casi centenario chalé de Villa Estrella, diseñado por el arquitecto Silvestre Manuel Pagola y construido en 1925 en el número 47 del paseo Ezequiel González, habría salido por unos 10 millones para las arcas públicas, en concepto de indemnización a la propiedad por sus derechos urbanísticos. Una estimación que desveló el jueves y que hasta ahora no había sido apuntada públicamente por el Gobierno local, pese a que el acuerdo que da origen a la operación se negoció hace más de siete años, en el marco de la elaboración del Plan Especial de Áreas Históricas (Peahis). Ya entonces hubo alegaciones y críticas por parte de colectivos como IU(actual socio de Gobierno) o incluso la Academia de Historia y Arte de San Quirce, mientras la entonces alcaldesa, Clara Luquero, advertía que este inmueble no estaba protegido y que la propiedad exigía su edificabilidad, al tiempo que valoraba la cesión de espacio público para la ciudad por dicho acuerdo.

Sin embargo, después de que el Ayuntamiento aprobara el 16 de marzo la preceptiva licencia de derribo, con previsión de construir un bloque de 44 viviendas, 3 locales, 72 plazas de aparcamiento y 46 trasteros, según IU, aunque el PSOE precisa que podrían construirse un máximo de 74 viviendas, aquellas mismas voces críticas (junto a las de diversos expertos y arquitectos) habían vuelto a resonar con fuerza; y ante ellas, los argumentos que esgrimía Martín el jueves. «Esa licencia (de derribo) estaba concedida conforme a lo vigente en el planeamiento urbanístico y no haberlo hecho habría sido un acto contra derecho», dijo, mientras que «no dar esa licencia y hacer una protección de ese inmueble supone reducir los derechos urbanísticos que tiene la propiedad sobre esa parcela». «De hecho, ya en el Plan Especial, en el momento que se fue a redactar, se propuso la protección de ese entorno y la propiedad nos informó que iban a requerir una vinculación singular que podría llegar a ascender a los diez millones». Y «en ese escenario, sin tener a día de hoy ningún informe, por una declaración de Bien de Interés Cultural, y tampoco por ejemplo que hubiese sido incluido en el catálogo de edificios protegidos en épocas anteriores, en otros planeamientos urbanísticos, pues evidentemente no se hizo esa protección finalmente».

En este contexto, «llegar ahora a un acuerdo con la propiedad únicamente pasaría por abonar la cuantía que supone esa eliminación o restricción de derechos urbanísticos», prosiguió, apuntando ya incluso a la Junta. «Desde luego, modificar el planeamiento urbanístico o hacer esa declaración de interés cultural no le corresponde al Ayuntamiento, no tenemos las competencias en esa declaración de Bien de Interés Cultural, y entendemos esa suspicacia que se ha levantado en la ciudadanía, pero tampoco se produjo en el momento que se declaró este plan especial, tampoco se recibieron las alegaciones y esa declaración de Bien de Interés Cultural por parte de la Junta», añadió.

IU, mientras, reiteraba en marzo que siempre se opuso a esta operación. Hablaba de «urbanismo a la carta», porque un edificio «similar», como el chalet de Nicomedes García sí está protegido, y ya en 2015 denunciaba la «falta de sensibilidad del equipo de Gobierno» en la elaboración del Peahis, al que se opuso por el excesivo incremento de vivienda libre, por mantener la opción del parking de Los Tilos y por permitir el derribo de Villa Estrella, que ya es un hecho consumado desde este viernes.