Conforme se agota el maratón festivo de las Navidades regresa la seriedad de la actividad política y socioeconómica a los titulares y a las vidas de la mayoría de los ciudadanos. 2023 arranca como un ejercicio pleno de incertidumbre en el que colisionan de inicio dos corrientes. Por un lado, existe un cierto optimismo respecto al calado de la desaceleración que se espera a nivel global -y particularmente en Europa- por la persistencia de la guerra y las consecuencias de una inflación pertinaz. Los bancos no esperan altos índices de morosidad a pesar del alza de los tipos variables y prevén un año plano en el mercado laboral, que no es mala noticia cuando se parte de parámetros bastante aceptables en general y buenos en el caso de territorios como la provincia de Burgos. Bajo esa perspectiva, puede que 2023 no cierre con crecimientos notables o grandes esperanzas en el plano económico, pero tampoco será apocalíptico y puede ser tomado como un periodo de transición hacia una época verdaderamente expansiva. Todo, con las reservas de pronosticar un ejercicio que ni siquiera ha echado a andar. 

En el otro polo están quienes, alineados con el discurso político de militancia en un sentido u otro, prevén un año conflictivo de serio deterioro de las instituciones y de la necesaria concordia parlamentaria, y plagado de sobresaltos económicos que pueden tener importantes rebotes dependiendo ya no solo de factores externos, como la citada guerra en Ucrania, sino del rumbo que tome la política interior, que se asoma a un nuevo escenario de conflicto en Cataluña inflamado por el secesionismo tras ver reducida a cenizas la parte del Código Penal que castigaba la sedición y sus delitos aledaños. Hay, además, una llamada a las urnas en, como mínimo, convocatoria municipal para toda España y autonómica en buena parte del país. Está por ver si la coalición de Gobierno, ahora personificada en el presidente, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta Yolanda Díaz, llega a final de año o se somete a juicio popular antes de que la legislatura termine por imperativo.

Nada de lo que suceda en los próximos meses será inocuo para la ciudadanía, por eso es la ciudadanía la que debe exigir a sus representantes públicos que estén a la altura de su responsabilidad o, de lo contrario, apartar por la vía de las urnas a quienes contribuyan a lastrar la marcha del país. Es un error confundir el voto con la militancia. La inmensa mayoría de los votantes quiere seriedad, altura de miras y respeto a los valores que hicieron de España un modelo a seguir en todo el mundo. El recurso constante al desprecio, al insulto o a la fragmentación social merece un castigo, y este año sí que hay urnas.