Los ciudadanos asisten atónitos al enésimo pulso entre dos Poderes del Estado -el Ejecutivo y el Judicial – a causa del disparate legal que es la Ley de Amnistía y del despropósito legislativo con que se elabora su texto. Ya es singular que la escenografía que acoge el proceso de negociación para afinar el articulado margine al Poder Legislativo y ello pese a que la fórmula con la que se debatirá en las Cortes Generales sea una Proposición de Ley, es decir, una iniciativa del Congreso y no del Gobierno. Es un ejemplo visible de reblandecimiento de la división de poderes que, gracias al escándalo que supone la propia medida, pasa desapercibido.
El pulso entre Móncloa y el juez Manuel García Castellón manifiesta una técnica legislativa preocupante por las implicaciones que tiene en la seguridad jurídica del país. No sólo se está legislando ad hominen sino que ahora también se modifican las leyes ad hoc, es decir, en un proceso continuo y reactivo que va dando respuesta a las interpretaciones que los magistrados puedan hacer de los hechos que deben juzgar. No sólo se hacen desaparecer los delitos cometidos por personas concretas; también se trata de censurar cualquier análisis legal que no coincida con la nueva versión oficial de los hechos.
Las ataduras para conformar una mayoría parlamentaria – y evitar a toda costa las opciones que pudiera tener el PP de gobernar – sitúa al PSOE en una situación de debilidad de la que se benefician las formaciones independentistas, pero también en una dinámica de incoherencia permanente en la que las líneas rojas que los mismos socialistas se marcan se superan a veces en pocas horas. Revelan así una perspectiva moral profundamente maquiavélica en el ejercicio de la política, es decir, la que prescribe la disposición de todos los medios al alcance del gobernarte para llegar al poder y conservarlo. De este modo, se puede retorcer el texto y el espíritu de la ley máxima e, incluso, zarandear los pilares éticos de la democracia relativizando conceptos éticamente rotundos como el de terrorismo para alcanzar los objetivos.
Criticar la maña del Ejecutivo es compatible con mirar sin complacencia alguna a la instrucción de un juez que prolonga y disemina sus calificaciones en sucesivos autos que matizan y completan las interpretaciones anteriores. Los tiempos y las decisiones de la justicia deben ser autónomos como garantía de seguridad, pero como apunta Eugenio Trías lo ético debe resonar simbólicamente en lo estético.
El descrédito del entramado institucional español es ya una amenaza para la propia calidad democrática que se resiente empujada por los nuevos populismos y los dogmatismos iliberales que presentan a la sociedad atajos éticos para supuestamente alcanzar más rápido el bien común. Sería deseable que los propios Poderes del Estado no alimentan esa dinámica que lamina su auctoritas y deja desprotegidos a los ciudadanos.