El alcalde de Segovia, José Mazarías, ha anunciado que el Ayuntamiento de Segovia indemnizará con 1.589 euros a la dueña de un perro que falleció electrocutado por el contacto con una farola de la avenida de la Constitución en 2021.
Mazarías ha explicado que la reclamante había solicitado una indemnización de 7.700 euros pero el Consejo Consultivo de Castilla y León rebajó esa cantidad el año pasado a 3.178,29 euros estimando los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la electrocución del perro debido al mal estado de la farola del alumbrado público. Sin embargo, los servicios municipales consideran que hay una corresponsabilidad del Ayuntamiento y de la dueña y, por eso, ha decidido pagar únicamente la mitad.
Mazarías ha explicado que será el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Segovia el que resuelva finalmente si esa indemnización, que abonará la aseguradora del Ayuntamiento, es suficiente o, por el contrario, el consistorio tendrá que hacer frente a una mayor.
Sin embargo, tras la resolución de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento celebrada el día 14, todavía cabe la posibilidad de presentar un recurso de reposición con carácter potestativo ante ese mismo órgano municipal en el plazo de un mes y, en ese caso, no podrá interponerse recurso contencioso administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del mismo, que se producirá si en elplazo de un mes no hay notificación de su resolución.
La reclamación por responsabilidad patrimonial se presentó en abril de 2022 por la dueña del animal y entonces alegó que el Ayuntamiento es responsable de la muerte del perro, de 30 kilos de peso, a raíz del accidente ocurrido el 5 de noviembre de 2021 cuando paseaba con él, que iba atado con correa, mientras llovía, y sufrió la descarga procedente de la farola situada frente al número 28 de la citada avenida al pasar cerca de la misma.
En su escrito hacía saber que tres días antes, el 2 de noviembre, otro animal sufrió un calambre, lo que fue comunicado por sus dueños a la Policía Local. Aunque operarios municipales inspeccionaron las farolas de esta avenida, no encontraron anomalías salvo en la causante del accidente.
Para determinar la cuantía de la indemnización, la representación legal de la reclamante tuvo en cuenta que el animal tenía 10 años y era "como un hijo" para la dueña y que en un suceso similar ocurrido en la Pobla de Farnals (Valencia) su Ayuntamiento tuvo que pagar 7.585,36 euros. En el caso de Segovia, además, se aportaron los gastos motivados por la necropsia del animal, 127,87 euros y por la incineración, 50,42 euros.
El informe pericial a partir de la citada necropsia indica una actuación negligente de la clínica veterinaria que la llevó a cabo tanto en el momento de recibir el cadáver como en la gestión de la prueba. En este sentido, sostiene que las muestras analizadas presentaban un avanzado estado de autolisis (proceso de descomposición) aunque eso no impidió el estudio histopatológico de algunos órganos y observar que las lesiones vasculares en su mayoría coincidían con un shock que causó la muerte del animal, pero el origen del mismo no pudo establecerse precisamente debido al estado de alguna de las muestras.
"No podemos descartar, ni confirmar que las lesiones observadas en el pulmón puedan haber sido ocasionadas por una electrocución", concluye el informe pericial.
En cuanto al expediente policial, acompañado de fotografías, indica que los agentes de la Policía Local que acudieron a un aviso ese 5 de noviembre de 2021 encontraron al perro tumbado y sin vida, junto a la propietaria y otros familiares que informaron de que "cuando se ha pegado el animal a la farola, se ha quedado al parecer electrocutado, que le han ido a mover pero que todavía daba alguna descarga".
A través de la centralita policial se dio aviso a un electricista municipal que, una vez en el lugar, comprobó que la farola tenía "una pequeña derivación o algún tipo de problema", según el informe de la Policía Local, por lo que se procedió al corte del suministro eléctrico de todo el alumbrado de la avenida en prevención de más accidentes.
El Consejo Consultivo tuvo acceso también al informe del incidente ocurrido el 2 de noviembre, cuando otro perro sufrió asimismo una descarga eléctrica pero, al parecer de menor intensidad. En ese caso también se informó a los servicios de electricidad municiales que comprobaron el estado de la farola, que no es la misma, si no la situada a la altura del número 24 de la avenida.
Por su parte, el Servicio de Obras y Servicios aportó informes de una ingeniera técnico industrial del Ayuntamiento que señalan que la tensión de contacto de 50 vatios no tiene por qué suponer una situación de riesgo por si misma, ni causar la muerte inmediata ni el aturdimiento del animal, aunque reconoce que la humedad y el tiempo de exposición "son factores que pueden incrementar el riesgo inicial". Añade que el diferencial, cuyo cometido es interrumpir el funcionamiento de la instalación cuando la corriente de fuga alcanza un determinado valor, "podría no haber funcionado de forma normal".
Advierte ese informe que si bien ese diferencial, en el momento del suceso del día 5 y en los días posteriores, indicaba un funcionamiento correcto a través de los test, con ensayos indirectos realizados se comprobó que tenía un deterioro progresivo en la capacidad de medida. En cualquier caso, ese informe recoge que "no se puede determinar con exactitud si en el momento del incidente ya estaba alterada la capacidad de medida del diferencial o en qué grado, pero a lo largo de la semana posterior, el deterioro fue notable a pesar de que seguía indicando un funcionamiento correcto".
Por otro lado, añade que "se desconoce el tiempo que el animal estuvo expuesto a la corriente, así como los motivos por los que no se apartó voluntariamente de la farola o por qué no fue apartado tirando de la correa".
El Consejo Consultivo señala que, a la vista de los informes, sí puede determinarse que hubo una relación causa-efecto entre el estado de la farola y la muerte del perro por descarga eléctrica. Sostiene que las pruebas permiten concluir "que se creó una situación de riesgo derivada de una falta de mantenimiento del alumbrado que llevó a cabo que el mismo fallara, a lo que ayudó la lluvia". De hecho, recuerda que el propio Ayuntamiento estaba procediendo a la sustitución del sistema de alumbrado de la avenida donde ocurrió el suceso por la antigüedad del existente.
Para fijar la indemnización, este órgano consultivo de la Comunidad Autónoma explica en su dictamen que no existe un criterio único o pauta para determinar su cuantía, al tratarse de un daño moral vinculado, como ha hecho la reclamante, al cariño o afecto por el animal y al sufrimiento causado con su muerte.
Indica que hay diferentes sentencias que han cuantificado la muerte de animales desde 700 a 4.000 euros e incluso más y en este caso tiene en cuenta que, del pasaporte sanitario, se deduce que, al menos desde 2012, llevaba con sus dueños, que era un perro doméstico, mestizo, de unos 30 kilos, cuya muerte "fue especialmente cruenta", por lo que considera que, a falta de una mayor determinación, puede establecerse una media razonable de 3.000 euros más los gastos por la necropsia y la incineración, que suman 178,29 euros.
Polémica. Este suceso causó una gran polémica política, con críticas desde la oposición al gobierno municipal y a la gestión del entonces concejal de Obras, Servicios e Infraestructuras, el socialista Miguel Merino, pero también enfado entre el vecindario de esa zona de la avenida de la Constitución donde el perro sufrió la descarga.
Fueron muchos los que se preguntaron si, en lugar de un perro, un niño, un anciano u otra persona vulnerable pudiera haber sufrido también una descarga eléctrica de fatales consecuencias.