El revés en el Senado a la senda de déficit y deuda pública del Gobierno de España no variará el rumbo fijado por la Junta de Castilla y León para la aprobación de los presupuestos de 2024. Febrero será, tal y como se había anunciado, el mes en el que el Ejecutivo de coalición presente sus segundas cuentas conjuntas, y, a diferencia de lo ocurrido hasta ahora, no esperará a que el Ejecutivo central reajuste los objetivos macro tras el tropiezo con la mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta. «Es la cifra comunicada oficialmente y es la que aprobaron las Cortes», sentenció el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, que confirmó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que mantendrán las cifras del techo de gasto aprobadas esta semana en las Cortes y publicarán el presupuesto este mes de febrero.
«No sería lo razonable, hoy en día no hay escenario claro de cuándo se va a aprobar el presupuesto del Estado, el Gobierno sigue sin convocar, sin reunirnos, no hay datos para hacer algo distinto». Fernández Carriedo explicaba así los motivos que ahora, después de meses esperando a conocer el objetivo de déficit para las comunidades, la Junta de Castilla y León decida no aguardar a contar con las famosas cifras macro del Ministerio de Hacienda.
Una postura que se produce después de que la senda de déficit y deuda pública propuesta por el Gobierno de España para el periodo 2024-2026 chocara en el Senado con la mayoría absoluta del PP. Revés que deja en el aire 70,77 millones de euros que la Junta incluyó en el límite de gasto no financiero para 2024 en baso al 0,1 por ciento de déficit que el Ministerio de Hacienda había fijado para las comunidades.
El portavoz regional insistió en el que el techo de gasto aprobado por la Junta y validado por las Cortes aporta «estabilidad y seguridad» a Castilla y León. En este punto viró su mirada hacia el Ministerio, y en concreto a su titular, María Jesús Montero, a la que reclamó una convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera para sentarse a negociar. Y es que el consejero de Economía volvió a verbalizar su enfado con el reparto del objetivo de déficit que había fijado el Gobierno central y frenado el Senado, en el que de cada 100 euros de déficit, 97 son para el Gobierno y solo tres a repartir entre las autonomías, «cuando son las que asumen la mayor parte de las competencias».
«El gobierno no quiere negociar porque con unos quiere imponer y con otros vive postrado en una posición donde no cabe la negociación, es muy difícil». Fernández Carriedo pasó al ataque y exigió a Montero una «distribución más equilibrada» del déficit en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. «Pero como no quiere….». «El gobierno es bueno que se dé cuenta de que, aparte de escuchar a Puigdemont, tiene que escuchar a los españoles y nosotros también nos consideramos personas que podemos aportar algo útil al proyecto nacional de España», continuó, y acusó al Ejecutivo central y a la ministra de Hacienda de ser «incapaz» de negociar con las 14 autonomías que votaron 'no' al objetivo de déficit. «Cuándo va a encontrar tiempo para preocuparse de los problemas de los españoles y no solo de los de los delincuentes. Cuándo va a empezar gobernar. Solo se preocupa de un único tema, no de los problemas reales de los españoles».