El clima de tensión que se vive en la política española desde la negociación de la investidura de Pedro Sánchez con las formaciones independentistas catalanas empeora día a día con episodios que distan mucho de ser los que la nación necesita. Muy al contrario, alejan la posibilidad de atisbar siquiera a medio plazo un escenario de normalidad, entendiendo como tal que los grandes partidos sean capaces de llegar a acuerdos más allá de las lógicas discrepancias que han existido, existen y seguirán existiendo en otras cuestiones de naturaleza ideológica, a veces mucho menos profundas de lo que parece.

La normalidad queda muy lejana porque a medida que pasan los días el clima empeora con la gestión nefasta de todo aquello que concierne a la ya de por sí inaceptable ley de amnistía, en cuyo proceso el PSOE de Sánchez está borrando la huella que el socialismo español ha tenido tradicionalmente en la firme defensa del Estado de Derecho junto con el otro gran partido del país, el Partido Popular. El empeño en Ferraz por cuestionar las actuaciones judiciales, hasta llegar a insinuar injerencias que se producen en paralelo a los avances a la negociación en el plano político, supone conducir al PSOE hacia posiciones que no se corresponden con las de un partido que hasta ahora, tanto desde el Gobierno como desde la oposición, ha contribuido a crear el marco de convivencia que nos ampara desde la vuelta a la democracia. Más aún, tras el reciente rifirrafe entre Emiliano García Page y Óscar Puente sobre los extrarradios del PSOE y de la Constitución, una insinuación como la lanzada por Ferraz refuerza el pensamiento del presidente autonómico castellano-manchego de que es su partido el que está cayendo lejos de la centralidad.

La proposición de ley de amnistía llega hoy a una votación que, salvo sorpresa, saldrá adelante con los votos del bloque de investidura de Sánchez el pasado noviembre, aunque en ningún caso va a suponer un cambio en el clima político, sino al contrario. De entrada, ni siquiera está asegurado que hasta la hora de votación no se vayan a producir nuevas exigencias desde la bancada independentista que fuercen al Gobierno a una nueva concesión, pese a que ayer mismo consideraba que el texto normativo era suficientemente robusto como para satisfacer las demandas exigidas hasta ahora. Por otro lado, la oposición no va a cejar en su campaña de movilización ciudadana contra la amnistía y sus consecuencias, una estrategia que por el momento goza de respaldo social pese a las primeras hipótesis de que sostener en el tiempo un calendario de protestas continuas podría llegar a tener efecto desmovilizador. Con todo ello, es obvio que las posibilidades de que la tensión política mengue son escasas, por no decir nulas.