Hay que tener mucha desfachatez para presentar una iniciativa parlamentaria para controlar los medios de información con el argumento de que busca "garantizar una prensa independiente y plural", como dijo Pedro Sánchez. No concretó ninguno de los puntos que podrían provocar más polémica, pero en los últimos días se han esbozado varios de ellos a través de las palabras del propio presidente o de sus colaboradores, cuando han defendido lo indefendible acusando a los medios de expandir bulos, noticias falsas y caer en la difamación.

Al poco de que Sánchez finalizara su intervención en el Congreso, trascendía que la Complutense había pedido al juez que investigue a Begoña Gómez por "apropiación indebida", tras los indicios encontrados tras las indagaciones de la propia universidad. ¿Para Sánchez también es falsa la información ofrecida por los servicios jurídicos de la Complutense? O Pedro Sánchez toma a los españoles por ciudadanos que no se enteran, analfabetos funcionales, o es tal su capacidad de engañar, tergiversar los hechos y mentir lo que haga falta para salvar la cara, que su actitud raya en el delito.

Para quitarse de en medio la acción de la Justicia, excesivamente pertinaz en su labor inquisidora, Sánchez quiere controlar a medios con años de historia, en los que trabajan profesionales solventes que investigan con rigor, y saben diferenciar entre el personaje que comercializa con una información y el que piensa que hace un servicio público denunciando corrupciones que deben ser sancionadas.

Entre esos medios de larga trayectoria destaca alguno por el que Sánchez siente especial simpatía… después de presionar para que se despidiera a colaboradores críticos o miembros de la dirección no suficientemente afines al sanchismo. No hace falta dar títulos ni nombres, todo el mundo profesional, así como los españoles interesados en seguir prensa, radio, televisión y digitales, conocen perfectamente las maniobras para deshacerse de personas incómodas; como saben muy bien que el gobierno muestra generosidad o avaricia para conceder publicidad institucional en función de la simpatía o animadversión de esos medios al sanchismo. O que se selecciona a los periodistas invitados para cubrir viajes oficiales y actos informativos de primer nivel. Siempre ha ocurrido, pero jamás con el descaro y discriminación con que lo hace el equipo actual de Moncloa.

La ley que propugna Sánchez no va de libertad de expresión y garantía de limpieza de los medios. Va de que su mujer y su hermano han sido pillados en falta, y que aparentemente Begoña Díaz ha utilizado su situación de mujer del presidente para hacer negocios; colocando a su marido, y a ella misma, en una situación imposible. Aparentemente, hay que insistir en ello. Pero es sospechoso que se pongan dificultades a la investigación. Si no hay nada de nada, como dicen Sánchez y los ministros, que faciliten el trabajo a quienes el juez ha encargado investigar. Así se separa la paja del grano, la inocencia de la culpabilidad.