La vivienda se ha convertido en el eje fundamental de una precampaña que se está caracterizando por los continuos anuncios del presidente del Gobierno. Sánchez, que el pasado martes en el Senado prometió la construcción de otros 20.000 nuevos inmuebles sociales en terrenos del Ministerio de Defensa, comenzó con su apuesta en el cónclave municipal del PSOE que tuvo lugar en Valencia. En aquella cita, el socialista anunció la movilización de 50.000 pisos de la Sareb, el denominado banco malo, que irían destinados al alquiler, pese a que solo 9.000 de los comprometidos se encontraban en condiciones de poder ser habitados. La semana pasada, ya en la Cámara Baja, sumó una nueva propuesta; la financiación de otros 43.000 inmuebles. En total, el presidente plantea poner en el mercado 113.000 viviendas, algo que muchos analistas no han tardado en constatar que en estos momentos no es factible.
Si las promesas del presidente en este ámbito son una especie de brindis al sol, con el claro objetivo de marcar la línea estratégica de las próximas campañas electorales, lo que es una realidad es que el Congreso de los Diputados dará hoy luz verde a la nueva Ley de Vivienda. Son muchos los cambios que se contemplan en esta normativa, que, entre otros aspectos, tratará de controlar de manera efectiva el precio del alquiler o rebajará de 10 inmuebles a cinco los denominados grandes tenedores, pero lo que se ha colado sin apenas hacer ruido ha sido una enmienda pactada por el PSOE y sus socios de Gobierno que complica aún más el desalojo en caso de okupación. La ley obliga al propietario a acreditar si es o no un gran tenedor, así como si los okupas se encuentran en situación de vulnerabilidad. Todo ello dilataría más un proceso que en España se suele prolongar como mínimo cerca de un año y sería más garantista con el usurpador que con el propio dueño del inmueble.
La polémica ha generado un sinfín de críticas de la oposición, pero el Ejecutivo se ha apresurado a indicar que está trabajando en la tramitación de la Ley de Eficiencia Procesal, con la que pretende dotar de herramientas suficientes para que los desalojos se produzcan en un máximo de 48 horas. Habrá que esperar para comprobar si esta opción acaba siendo una realidad.
No hay duda de que la okupación, pese a que desde Podemos se quiere quitar hierro al asunto, se ha erigido en un problema. El fenómeno ha crecido un 70 por ciento en los últimos seis años y la sociedad demanda una legislación más restrictiva, que se equipare a los países de nuestro entorno, respetando los límites que marca la propiedad privada.