El Ayuntamiento de Segovia ha contratado los servicios del despacho ADD Abogados y Consultores, una firma madrileña con un equipo de abogados especializados en derecho tributario y mercantil. Con esta decisión, el gobierno del alcalde José Mazarías busca seguridad jurídica en todos los pasos que tienen que darse para dotar de contenidos al edificio CIDE.

El contrato tiene un valor de 10.769 euros (IVA incluido) y tres meses de duración desde su formalización el pasado día 5 de este mes de marzo, precisamente la fecha en la que Mazarías, acompañado de varios concejales, se reunió en el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte con la secretaria general de FP, Clara Sanz, para abordar la posible ubicación del futuro Centro de Innovación y Tecnificación de Alto Rendimiento de la Formación Profesional (CITAR) en el citado inmueble municipal.

El objeto del contrato es precisamente «servicios jurídicos y tributarios especializados derivados del uso que tendrá el edificio CIDE», ya que a nadie se le escapa que han cambiado sustancialmente los objetivos originales del mismo, que mantiene todavía la denominación de Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial con la que nació cuando formaba parte del macroproyecto del Círculo de las Artes y la Tecnología (CAT) de Segovia, que en una primera etapa contó con financiación del Gobierno central.

Los objetivos de innovación y desarrollo empresarial podrían casar con la implantación del CITAR de FP, según las líneas generales de este proyecto que ha esbozado la secretaria general, involucrando a empresas, con las que el Ministerio ya ha mantenido contactos, según aseguró Sanz tras la reunión con Mazarías, entre otras cuestiones para la creación de «cátedras de colaboración» y transferencia de conocimiento.

Pero hay que encajar, sobre todo, que el CIDE pase a ser la principal sede administrativa del Ayuntamiento de Segovia, ya que el alcalde anunció el 28 de diciembre que a sus dependencias se trasladarán este año todos los servicios de la Alcaldía y de las concejalías, excepto los de atención al ciudadano, la actividad representativa e institucional y Policía  Local y bomberos.

Superficie útil. Una cuestión que obliga a dar pasos  administrativos con suficientes garantías jurídicas en acuerdos y contratos para los usos del edificio, es la del difícil encaje de las aspiraciones del Ministerio de Educación con la ocupación de gran parte del espacio por el propio Ayuntamiento.

Este moderno edificio suma 9.000 metros cuadrados construidos, que no útiles, ya que, por ejemplo, la superficie para despachos o dependencias administrativas ronda los 3.000 metros cuadrados.

La previsión inicial del Ministerio supondría ceder 1.928 metros cuadrados del CIDE distribuidos en 654 metros en la primera planta para Aulas de Tecnología, llamadas 'Atecas', y una sala polivalente; 721 metros en la segunda planta, donde estarán los espacios de colaboración con empresas, que en el proyecto reciben en nombre de 'cátedras' y 553 metros en la tercera planta para despachos y otra sala polivalente.

Por su parte, la previsión del gobierno del PP en el Ayuntamiento es que la planta baja mantenga su finalidad original, como lugar destinado a la innovación y como auditorio; la primera  planta se reserve a oficinas de empresas interesadas o bien a las dependencias del CITAR, de manera que la nueva planificación con oficinas municipales se distribuya entre las plantas 2 y 3, que suman en conjunto 1.969 metros cuadrados.

No hay espacio para todo y eso explica que Mazarías haya solicitado a la secretaria general de FP que redimensione el proyecto, además de rechazar una cesión gratuita o una contribución económica insuficiente, teniendo en cuenta el elevado coste económico tanto de la construcción como del mantenimiento anual del edificio CIDE.