El innegable problema demográfico que arrastra Castilla y León desde hace décadas no hace más que sumar problemas al avance de la Comunidad, lastrando su desarrollo económico. La, hasta el momento, última señal de alarma la ha lanzado esta semana el Banco de España. Castilla y León podría perder hasta un 3,5 por ciento de su población activa antes de que acabe esta década si se mantiene el envejecimiento poblacional que sufre la Comunidad. Es decir, la región perdería población activa –aquella en edad de trabajar, esté o no ocupada sobre el total de habitantes– debilitando el tejido productivo y el mercado laboral antes de 2030. «Esta situación anticiparía que el envejecimiento contribuiría a ampliar las diferencias económicas entre las regiones españolas», alertan desde el Banco de España, que avisan que de cumplirse sus predicciones, Castilla y León vería agrandarse el desfase económico con otras comunidades, ampliando las diferencias y cronificando la brecha. «Las regiones con una mayor proporción de personas de edades elevadas serían también las que recibirían menores flujos migratorios. Así pues, el proceso de envejecimiento no solo intensificaría en los próximos años los efectos negativos sobre la oferta de trabajo de la última década, sino que se espera una ampliación adicional de las divergencias regionales».

En la actualidad, la Comunidad presenta una tasa de actividad del 54,3 por ciento, es decir, que de cada 100 castellanos y leoneses, 54,3 tienen entre 16 y 65 años –la horquilla considerada actualmente como 'edad de trabajar'–. Esta variable se ha movido desde 2010 entre el 53,7 por ciento registrado durante los momentos más duros de la pandemia y el y el pico del 55% alcanzado en 2012, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. En cualquier caso, Castilla y León está por debajo de la media nacional en esta variable, y que actualmente alcanza el 58,6%.

«A priori, se podría esperar que las comunidades más aquejadas por problemas de envejecimiento sean las que registren mayores recortes de la tasa de actividad», explican los autores del informe 'El impacto del envejecimiento poblacional sobre la evolución de la tasa de actividad en España' del Banco de España, que sitúan en las regiones del noroeste peninsular las más propensas a sufrir un mayor deterioro de su población activa.

El envejecimiento hundirá un 3,5% la tasa de actividad laboral

Asturias, Galicia, Cantabria, Galicia y la propia Castilla y León se encuentran en el margen más bajo de las proyección elaborada por los autores del texto, donde señalan que «se trata de regiones que tienden a presentar tasas de actividad más reducidas y menores niveles de PIB per cápita». Entre los problemas a nivel económico que presenta una sociedad más envejecida señalan los cambios potenciales en la cesta de consumo y en las pautas de ahorro e inversión, hasta descensos en la productividad y en la oferta de trabajo, no solo en términos del tamaño de la fuerza laboral —como la tasa de empleo o las horas trabajadas por empleado—, sino también de la calidad del capital humano. Por todo ello, desde el Banco de España sostienen que esta conjunción de elementos podrían generar una «presión a la baja» sobre la oferta de trabajo que «constituye un obstáculo para elevar el crecimiento potencial de la economía».

La población inmigrante, una tabla de salvación 

El informe del Banco de España también significa la importancia de la población inmigrante para contener el progresivo envejecimiento demográfico. Por ello sostiene que los flujos migratorios «adquieren especial relevancia» ya que los oriundos de otros países «muestran, de media, una tasa de actividad superior a los nacidos en España». «Dado que este grupo poblacional es, de media, más joven y presenta mayores tasas de participación laboral, el colectivo extranjero habría contrarrestado, en parte, el impacto del envejecimiento sobre la tasa de actividad». Y es que, tal y como se viene anticipando desde hace años, la llegada inmigrantes, más jóvenes y con mayores tasas de natalidad, ha servido de dique de contención al declive demográfico autonómico y nacional. No obstante, avisan que no es suficiente para frenar el envejecimiento.