Irte a dormir y despertarte con 29.000 euros menos en la cuenta. Es lo que le sucedió a principios de este año a Sheila Pascual. A lo largo de la madrugada de un viernes a un sábado a finales de enero le sustrajeron ese dinero de la cuenta bancaria de su empresa. Alguien había entrado en la banca 'online' de su empresa y, tras varios intentos fallidos, había acertado con su clave de firma y le había robado 29.000 euros a través de la realización de transferencias a una cuenta desconocida. «Cualquier se puede imaginar el disgusto pero es que encima el banco se ha portado fatal con nosotros desde que pasó todo esto. Estamos esperando a que salga el juicio porque ha sido un fallo de seguridad de ellos. La cuenta se tendría que haber bloqueado cuando introdujeron mal la clave varias veces», señala esta empresaria del municipio de Prádena especializada en el sector de la venta de cereales y piensos.

Tras lo ocurrido formateó su teléfono móvil, contrató un ciberseguro con otro banco y ha extremado todas las precauciones. En su móvil personal ya no hay ningún dato sensible de la empresa. Como ella, cuatro segovianos son víctimas a diario de ciberdelitos, un tipo de criminalidad que no deja de crecer en los últimos años. Según los datos del Ministerio del Interior, entre enero y junio se cometieron 802, casi los mismos que en todo 2021 (962). En 2022 subieron a 1.325 y este año, de seguir con la proyección del primer semestre, finalizará con cifras disparadas.

«El delito de estafa constituye el grueso de los delitos de la especialidad», señalaba en su última memoria la fiscal jefa de Segovia, Inmaculada Martínez. «[Se trata principalmente de cargos en cuentas bancarias no consentidos por su titular y ventas a través de Internet en las que no se envía el producto una vez ha sido pagado. O contratación de servicios o de préstamos por Internet con identidad falsa en muchas ocasiones por cuantía inferior a los 400 euros con la dificultad añadida de que, en ocasiones, también las cuentas a las que se transfiere el dinero han sido abiertas telemáticamente sin garantías de que lo hubieran sido realmente por quien aparece como su titular, con la consecuencia de perjudicar no solo a la víctima de la estafa sino también a las personas cuya identidad se ha suplantado para la contratación de cuentas bancarias o líneas telefónicas utilizadas en la estafa, ya que aparecen inicialmente como autores de la estafa».

Saturnino Beltrán tiene una empresa de construcción que en diciembre de 2021 terminó un trabajo de canalización de agua para el Ayuntamiento de Ituero y Lama. Cuando aguardaba el ingreso de la segunda mitad del pago -unos 13.000 euros- se enteró de que el Ayuntamiento había hecho el abono a una cuenta bancaria que no era la suya. Casi dos años después continúa inmerso en procesos judiciales para cobrar el dinero que se ganó con su trabajo.

«Como yo digo, voy a rastras. Tengo nueve trabajadores, tengo que comprar material y maquinaria... Esto me ha afectado económicamente porque hay otras cosas que me han dejado a deber. Parece que existe la obligación de trabajar pero no de pagar», se queja. La estafa informática que ha sufrido es la conocida como 'man in the middle'. Los ciberdelincuentes interceptan una conversación -normalmente a través de correo electrónico- entre dos empresas o una empresa y una administración pública u otro tipo de organizaciones, localizan facturas pendientes de cobro e indican un número de cuenta diferente al del proveedor para hacerse con el dinero.

«La Guardia Civil ha estado investigando y me han dicho que en mi ordenador no entraron, así que supongo que lo harían a través del Ayuntamiento. El dinero debió de acabar en una cuenta del Banco Santander pero no sé en dónde», apunta Saturnino, enfadado con el Consistorio: «Me fastidia que no me han pagado porque no son un particular a los que les ha pasado esto. Los estafados han sido ellos, pero el que lo está pagando soy yo que no he cobrado por el trabajo que hice».

Según explicado el abogado César Gómez, cofundador de la plataforma jurídica Legalsocio.com, estas bandas se sirven de personas en situación de vulnerabilidad para recibir el dinero en cuentas bancarias de su titularidad. «Estas personas hacen después retiradas en efectivo en el banco y se lo mandan a las bandas a través de servicios de envío de dinero a cambio de una pequeña comisión. El rastro del dinero se pierde y al final quienes son juzgadas son estas personas», relata este abogado.

Las compras 'online' son otros los objetivos de los ciberdelincuentes y, con motivo de la llegada del Black Friday, en el que se multiplica el comercio electrónico la Guardia Civil ha realizado una serie de recomendaciones. Entre ellas, comprar en  sitios de confianza, revisar las opiniones y calificaciones de los vendedores, verificar que la transmisión de datos y la pasarela de pago son seguras, usar tarjetas de crédito debido a las políticas de protección del usuario que tienen la mayoría, conservar todos los documentos de la compra, no enviar dinero a desconocidos y no remitir por correo electrónico los datos de las tarjetas.

AMENAZAS. Pero no solo las estafas informáticas preocupan a las fuerzas y cuerpos de seguridad. El Juzgado de Sepúlveda investigó un posible delito de amenazas y abuso sexual a una menor de 14 años a la que se amenazaba a través de redes sociales con difundir imágenes íntimas. A raíz de las diligencias iniciadas por ese hecho, los investigadores descubrieron que el autor había mantenido relaciones sexuales con la menor. La Fiscalía de Segovia también englobó dentro de los ciberdelitos una investigación llevada a cabo por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Segovia contra un hombre por unas supuestas llamadas reiteradas a una mujer -a la que el acusado había conocido a través de redes sociales- en las que le hacía escuchar audios de contenido sexual.

En su última memoria, la fiscal jefa provincial de Segovia lamenta que el plazo de instrucción previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal se queda corto para la investigación de estos delitos «en cuanto rebasan una mínima complejidad o algún dato apunta a la realización de alguno de sus elementos desde el extranjero y obliga a hacer uso de los instrumentos de cooperación internacional», según remarcaba la propia Inmaculada Martínez. Después de las estafas informáticas, el ciberdelito por el que se abrieron más procedimientos judiciales en 2022 fueron las calumnias o injurias contra funcionarios o autoridades a través de las nuevas tecnologías.