El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Segovia acaba de recibir una patata caliente de la que es probable que no tarde en deshacerse. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo le ha otorgado la competencia sobre una de las piezas separadas del caso Pokémon, un procedimiento judicial y policial que comenzó a investigar hace una década una supuesta red de corrupción entre empresarios y políticos. El juzgado que lideró este proceso se inhibió en 2020 en favor del órgano segoviano en una de las piezas separadas y, cuatro años después, ha conseguido que el Supremo la envíe a Segovia.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Lugo abrió diligencias previas en 2014 para investigar diversas conductas presuntamente delictivas llevadas a cabo por personas vinculadas con una empresa operadora de aguas y dirigidas a obtener la concesión de contratos en administraciones públicas –especialmente entidades locales– en diferentes comunidades autónomas. Cinco años después, ese mismo juzgado troceó la investigación en más de una veintena de partes que envió a los lugares en los que supuestamente se habían producido los hechos.
Una de esas piezas separadas ponía el foco sobre viajes, estancias e invitaciones realizadas a José Luis Vázquez cuando era alcalde del Real Sitio de San Ildefonso y a sus entonces concejales de Vivienda, Samuel Alonso (actual regidor), y de Hacienda, Carmen Melero. «Por la percepción de retribuciones», remarca el auto de la Sala de lo Penal del Supremo de este pasado 29 de mayo que envía la causa al juzgado segoviano. Esta, no obstante, parece abocada al sobreseimiento.
Así ha ocurrido con la mayoría de las piezas de este caso Pokémon. Las que han llegado a juicio se han resuelto con acuerdos de conformidad y penas rebajadas por las extraordinarias dilaciones indebidas que han caracterizado este procedimiento, según recordaba esta semana el periódico 'La Voz de Galicia'. El Día de Segovia ha preguntado al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León si el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Segovia ha decidido continuar con la causa o proceder a su archivo, pero al cierre de esta edición no había recibido una respuesta. Esta redacción tampoco ha podido confirmar si esta investigación está relacionada con los registros que llevó a cabo la Guardia Civil en el Ayuntamiento del Real Sitio en mayo del año pasado.
«De atenernos al criterio de la territorialidad para determinar la competencia entre los juzgados de Lugo y Segovia, habríamos de decantarnos a favor de este porque con su partido encuentran un vínculo los hechos que nos ocupan que no lo tienen con el de Lugo», justifica el Supremo para avalar que el orgáno judicial lucense se inhiba en favor del segoviano.