L os cambios en el clima causan sequías cada vez más frecuentes e intensas y España está en una situación de mayor vulnerabilidad en comparación con otros Estados miembros de la Unión Europea, como demuestra el Informe sobre la Gestión de la Sequía en 2023 presentado el pasado martes por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. El año hidrológico 2022/23 está teniendo un carácter globalmente seco en el conjunto de España: el 14,6% del territorio nacional está en emergencia por escasez de agua y el 27,4%, en alerta, debido a que la precipitación media global se sitúa un 17,1% por debajo del valor normal de referencia en los mismos meses del periodo 1991-2020.

Como consecuencia de esta escasez de lluvias, la reserva en los embalses ha disminuido considerablemente respecto a la media de la última década. Los datos, a 12 de septiembre, muestran que los umbrales están especialmente bajos: la reserva hídrica española se encuentra al 37%, con 20.734 hectómetros cúbicos acumulados, siendo las cuencas del Guadalquivir (19,1%) y las internas de Cataluña (23,3%) las que atraviesan una situación más grave. La reciente gota fría ha supuesto un alivio en algunas zonas, ha mejorado la humedad del suelo y ha servido para recuperar cierto volumen de almacenamiento, pero no ha solucionado los problemas existentes.

Enmarcados en el contexto definido por los Planes Hidrológicos, los Planes Especiales de Sequía (PES) buscan minimizar los impactos de eventuales situaciones de sequía, optimizando la gestión de los recursos hídricos disponibles. Considerados un referente mundial, los PES españoles definen mecanismos para la previsión y detección de las situaciones de sequía, fijan umbrales de fases de gravedad, definen medidas para conseguir los objetivos específicos en cada fase y aseguran la transparencia y la participación pública en la elaboración y aplicación de estos.

Los más perjudicados.

Por lo que se refiere a los efectos de la sequía en la agricultura y la ganadería, los cultivos extensivos y los pastos son los sectores más perjudicados. Así, en la producción de cereales de otoño-invierno se estima una reducción en torno a un 40% con respecto a la campaña de 2022 (la producción de cebada se ha reducido en un 39% y la de trigo blando en un 36%). Asimismo, la superficie de maíz se ha reducido en un 20% debido a la menor disponibilidad de agua para riego.

Como consecuencia de estas bajas producciones, se estima que España deberá importar unos 20 millones de toneladas de cereales para satisfacer la demanda, tanto de consumo como para fabricación de piensos, lo que obligará a un importante esfuerzo logístico. El descenso en los rendimientos de oleaginosas (girasol y colza) se estima en un 30%. También se esperan producciones inferiores de leguminosas en grano, principalmente lentejas.

La sequía ha afectado igualmente de manera directa a los árboles y producción de frutales, tanto por la falta de lluvias como por las restricciones de agua para riego. De esta forma, en fruta dulce se han obtenido productos de menor calibre, que perciben menores cotizaciones en el mercado e inciden negativamente en la rentabilidad de las explotaciones.

En algunos cultivos hortícolas la falta de agua ha producido una disminución de la superficie sembrada muy significativa. En el caso del tomate de industria, por ejemplo, en Andalucía apenas se han sembrado 1.700 hectáreas, cuando la cifra habitual se sitúa en torno a las 6.600.

En cuanto al olivar, se espera un ejercicio algo mejor que el anterior, que fue muy corto en producción. La evolución de las precipitaciones en las próximas semanas será determinante para la nueva campaña del aceite que empieza el 1 de octubre, ya que, aunque algunas variedades están ya listas para su recolección, otras muchas se encuentran aún a tiempo de que los frutos aumenten de peso y tamaño, dado que la cosecha de la oliva no finalizará hasta bien entrado el año que viene.

Las perspectivas de producción de una de vinificación han mejorado algo tras las recientes lluvias, más allá de los daños que se han producido en determinadas zonas. La escasez de precipitaciones desde los primeros meses del año con temperaturas más elevadas de lo habitual, además de los episodios de granizo, tormentas y heladas primaverales, o ataques de mildiú en algunas regiones, ya hacían prever una cosecha inferior a la del año pasado. El sector maneja un volumen de producción en el entorno de 36 millones de hectolitros de vino, frente a los 41 millones de la campaña pasada.

En la ganadería, la producción en extensivo es la más afectada por la sequía. Además de la escasa disponibilidad de pastos, también se han encarecido las materias primas para alimentación animal, lo que ha incrementado los costes de producción hasta límites difícilmente asumibles por muchas explotaciones de tamaño pequeño o mediano.

Récord de siniestralidad.

La sequía está contemplada dentro de los seguros agrarios en la gran mayoría de los cultivos que se desarrollan en secano: herbáceos extensivos (cereales, leguminosas, girasol), uva de vinificación, olivar, almendro, remolacha azucarera y algunos cultivos forrajeros. Con la proliferación, además, de otros fenómenos climatológicos adversos, 2023 va a ser el año de mayor siniestralidad en la historia del seguro agrario. Se estima que las indemnizaciones sobrepasarán en el conjunto del año los 1.000 millones de euros. De esta cantidad, 460 millones se destinarán a cultivos siniestrados por la sequía, de los que en el mes de agosto se habían abonado ya más del 90%.

De confirmarse las previsiones a final de año, los más de 1.000 millones de euros en indemnizaciones que tendrá que abonar el seguro agrario superarán por mucho el que hasta ahora ha sido el peor año, 2022, cuando se alcanzaron los 768,85 millones de euros.