Está ya acordado que las intervenciones orales en el Congreso de los Diputados se podrán efectuar en la legua que cada uno de los intervinientes tenga la capacidad de utilizar, sea porque es su lengua materna, sea porque la ha aprendido y la maneja. Lo que vale para el castellano y, a partir de ahora, también para las llamadas cooficiales, el catalán, el euskera y el gallego, como más habladas en la respectiva Comunidad. Sabido es, no obstante, que quienes dominan otras leguas o dialectos (aragonés, bable, valenciano, y no sé si algunas más) han reclamado de inmediato su derecho a igual tratamiento o, al menos, en condiciones similares.
Como casi todas las cuestiones que tienen calado político, y ésta lo tiene, la decisión ha generado discusión. Baste observar que no procede de un acuerdo unánime, sino de una decisión de la Mesa de la Cámara, previa exigencia aceptada de los partidos nacionalistas, a fin de sumar votos suficientes para la elección de la Presidenta de las Cortes y de dicha Mesa. Hay quien ha alegado que, estando establecido en la Constitución que el castellano es la lengua común y oficial de todo el Estado y que todos tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla, mientras que las demás lenguas cooficiales lo son en su Comunidad, es innecesario cambiar el criterio que se venía aplicando en el Congreso (no en el Senado), entre otras cosas por el gasto añadido que supone en intérpretes, traductores, medios de transmisión, ediciones de textos, etc.
Frente a eso, hay argumentos bien atendibles. La existencia de lenguas diversas dentro de un mismo Estado, que son fruto de la historia y de la cultura, que contribuyen a la identidad y a la pertenencia, debería ser vista como una rica manifestación de pluralidad y es de desear que el Congreso, institución que expresa la soberanía de toda la nación, gane en representatividad. Otra cosa es que la lengua cooficial se utilice con voluntad agresiva o excluyente y que la lengua común se considere invasora, que también esto ocurre en ocasiones.
Confiemos, pues, que la nueva práctica lingüística parlamentaria, por lo que históricamente supone, sirva para mejorar la convivencia, y no para lo contrario.