Cuarenta y dos son los años que lleva en vigor el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, desde aquel 25 de febrero de 1983 en que, tras un proceso largo y complicado de preparación, terminó siendo aprobado y publicado en el Boletín Oficial del Estado. Cada uno de estos aniversarios dio motivo y ocasión para valorar cómo iba evolucionando nuestra Región; y con más razón cuando ha transcurrido ya un periodo tan considerable como es éste que nos ocupa.

La reflexión que cabe hacer es necesariamente variada, porque hay de todo. Es cierto que las instituciones autonómicas siguen ahí, legalmente operativas y socialmente reconocibles. El paso del tiempo y las circunstancias que han ido concurriendo hicieron que el ejercicio de las competencias haya tenido ese efecto y el grado de identificación de la Comunidad como instancia que incide sobre la vida diaria de los ciudadanos es bien evidente. Si en su origen hubo, porque la hubo, cierta confusión sobre el significado y los efectos de la autonomía, hoy tenemos una idea clara al respecto; podrá haber luego opinión favorable, crítica justificada, deficiencias en la actuación, en unos u otros aspectos. Pero ya no hay duda de que el hecho autonómico no tendrá vuelta atrás.

Tampoco hay duda de que algunos de los problemas estructurales que han estado presentes durante todo el recorrido siguen ahí, incluso agravados en algún caso. La negativa evolución demográfica, agravada por el envejecimiento y la dispersión territorial, no necesitan mayor comprobación. Lo mismo que algunos graves desequilibrios sociales y económicos entre unas y otras comarcas y zonas del territorio, con niveles de desarrollo tan desiguales. Siguen faltando ahí prioridades rigurosas, políticas continuadas y grandes consensos en un contexto político más complejo.

Y, en fin, también algunas de las tensiones con que la Comunidad se puso en marcha se mantienen y repuntan de vez en cuando. Que el encaje de la provincia de León en la Comunidad sigue siendo objeto de debate, es evidente; que es necesaria una estrategia de acción pública que aborde las profundas causas de una complicada evolución, también. Pero para nada está claro que eso tenga mejor solución con una revisión del mapa autonómico a estas alturas. Se impone, pues, combinar la identidad y la racionalidad; eso es lo que hace útiles las reivindicaciones.