Inmersos aún en la sorpresa de la decisión adoptadas por el presidente de Vox y su núcleo duro de retirar el apoyo a los presidentes autonómicos allí donde gobernaba, y abandonar los gobiernos de coalición surgidos de las elecciones el 28-M del pasado año, queda por determinar cuál va a ser el devenir de esos gobierno, el nivel de cooperación o enfrentamiento que va a establecer la extrema derecha con sus antiguos compañeros en los Ejecutivos y sobre todo que es lo que va a hacer el Partido Popular en esos y en otros ámbitos, desde el local al parlamentario.
La lectura más evidente para la dirigencia popular es que la ruptura de los pactos, por una cuestión aparentemente tan nimia como la distribución de 347 migrantes menores de edad por todas las comunidades autónomas, es que la decisión de Abascal les libera de un lastre, que hará más difícil la asimilación entre conservadores y extrema derecha que tan buenos resultados electorales ha proporcionado al PSOE. La primera ocasión para demostrar el distanciamiento con Vox la va a tener el PP a la hora de votar la proposición de ley para reformar la ley de Extranjería y permitir una distribución más solidaria de los menores no acompañados cuando se produzca en alguna comunidad autónoma una situación de saturación. Cuando la Unión Europea acaba de alcanzar un pacto para la distribución de migrantes en situaciones de crisis sería chusco que no se alcanzara el mismo objetivo en nuestro país por una cuestión de solidaridad patriótica. Como está escrito en el Evangelio de San Mateo, "Por sus frutos los conoceréis". Por lo pronto el PP ha respondido con una serie de demandas al Ejecutivo, algunas de las cuales debieran ser asumidas por los grupos parlamentarios proponentes, si no son un subterfugio para no votar a favor.
Para liberarse del corsé de Vox y no quedarse en la espuma del berrinche de Abascal, al PP le queda mucho camino que recorrer. En primer lugar, porque la ruptura la ha propiciado Vox y no Alberto Núñez Feijóo, a quien todavía no se le ha escuchado nada acerca de revertir las políticas acordadas con Vox sobre memoria democrática, ataque a los derechos LGTBI, violencia de género, o el discurso antiinmigración que el propio líder de los populares ha acentuado en los últimos tiempos. Si de esta forma quiere subsumir en su partido a un buen número de votantes de Vox está alejando a otros más moderados, aunque sus votantes se muestran mayoritariamente cómodos con esas posiciones, léase lo que ocurre en Madrid o en otras comunidades autónomas donde los postulados de Vox los defiende el PP sin empacho. La decisión de no tocar los acuerdos en los ayuntamientos por ninguna de las dos partes deja al descubierto que la ruptura se queda a medio camino y una vez más al albur de la decisión del partido de Abascal. A eso se suma que en el PP tampoco están dispuestos a alterar las presidencias de las cámaras legislativas autonómicas que se han concedido a los representantes de Vox.
El otro debate surgido a raíz de la decisión de Vox es a quién beneficia la ruptura, si facilitará la llegada de Feijóo a La Moncloa, por cuanto se vaticina que Vox ha emprendido el camino hacia la irrelevancia como le ocurrió a Ciudadanos y a Podemos, o si por el contrario es un balón de oxígeno para Pedro Sánchez. En el primer supuesto, Vox ha demostrado en los últimos procesos electorales contar con un suelo muy estable, que ahora puede verse disminuido, pero no hasta el punto de que no vaya a ser necesario su apoyo para conseguir la mayoría absoluta. Y ya se sabe lo que ocurre cuando se da esa circunstancia, la falta de un puñado de escaños lo condiciona todo. Y mientras las encuestas apunten en esa dirección, el PSOE podrá seguir utilizando el argumento del miedo a la ultraderecha o ultraderechas.