Dada la polarización existente, todas las decisiones adoptadas por los jueces que instruyen los tres casos en los que se sustentan las acusaciones de corrupción sobre el Gobierno, el PSOE y la esposa de Pedro Sánchez, pueden leerse de una u otra forma según el leal saber y entender de quienes quieran emitir un juicio profano y que probablemente estén errados al carecer de los conocimientos jurídicos necesarios. Pero no cabe duda de que en torno a esas tres instrucciones –'caso Koldo', 'caso fiscal general' y 'caso Begoña Gómez'- no cesan de producirse novedades sorprendentes que hacen recordar al alcalde de Jerez, Pedro Pacheco y su estima sobre la justicia. Es muy probable que, en unos casos, los hechos conocidos sobre las últimas decisiones de los jueces instructores queden en nada; en otros, que los hechos acaecidos sirvan para exacerbar su prurito investigador, y en otros más se trate de tapar un error de procedimiento, en el caso de que se haya producido, y no se investigue como es debido.
El juez Juan Carlos Peinado, que instruye el caso Begoña Gómez, entendió que sí donde una testigo dijo que no se había contratado a la esposa de Pedro Sánchez en el Instituto de Empresa por esa condición. Como otro testigo dijo que, en efecto, había sido por su currículum, salió como imputado. Una minucia más de las que rodean este asunto en el que la UCO, a cuyos informes se otorga tanto crédito en otros casos, afirma que no ha encontrado indicios de delito en ninguna de las variadas patas que tiene este proceso.
Más chusco es lo que ocurre en la investigación sobre la supuesta filtración a cargo del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, sobre el presunto fraude fiscal de Alberto González Amador, a la sazón pareja sentimental de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y cuyo despacho fue sometido a un registro de once horas y a la copia de todos sus aparatos informáticos. Pero, ¡oh, sorpresa!, contenían "cero mensajes" de lo que se estaba buscando, lo que supone que fueron borrados antes del volcado que realizó la UCO, bien porque es lo que se suele hacer, como dice el fiscal general, o bien porque se maliciara que le iban a someter a un tercer grado informático, en una diligencia judicial que resulta difícil de entender y que no ha estado exenta de vaivenes. La cuestión es que no hay rastro de que García Ortiz filtrara que el novio de Ayuso es un 'defraudador confeso'. Y ojo aquí, si Alberto González Amador ganara todas las demandas por derecho al honor que ha interpuesto contra quienes le han calificado de esa manera no solo le daría para pagar la multa que ha reconocido con Hacienda, sino para comprarse otro piso. El último denunciado es Pedro Sánchez. No le falta razón, porque no será 'confeso' hasta que lo determine un juez, por lo que se está ante un nuevo conflicto entre el derecho al honor y a la libertad de expresión ejercida además por representantes públicos con los que se tiene cierta condescendencia, y además es una expresión utilizada popularmente cuando alguien ha confesado un delito sin que haya mediado todavía la intervención judicial.
¿Y si resultara cierto que la OCU montó un control de tráfico para hacerse con documentos de José Luis Ábalos, como ha denunciado, sin que contara con autorización judicial y por ese motivo se hubieran obtenido pruebas ilegalmente que pueden abocar al archivo del proceso? Las prisas nunca son buenas consejeras.