Tiene al gobierno a sus pies, ha conseguido desbaratar el Estado, que ha concedido a Cataluña competencias en Justicia, Economía y Defensa -el control de inmigrantes y de las fronteras no solo afecta a Interior sino también a Defensa-, pero Puigdemont no se conforma. Quiere más, y ya ha apuntado dos concesiones que considera indispensable si Sánchez quiere aprobar los Presupuestos: amnistía real, no sobre el papel, y que las instituciones europeas no solo acepten en catalán como lengua oficial sino que la promuevan en colegios y universidades.
Puigdemont se ha convertido en un personaje insaciable y se comprende: hasta ahora ha conseguido todo lo que se había propuesto. Y esas dos cuestiones pendientes no las tiene todavía porque no dependen de Pedro Sánchez, porque son los tribunales los que aplican la ley de amnistía, y la aceptación del catalán como lengua oficial de la UE la tienen que aprobar sus instituciones. Y no están por la labor.
Sánchez no se inmuta ante la vergüenza de millones de españoles por la dejación de sus funciones, que son defender los intereses de su país y el bienestar de sus ciudadanos. Tampoco se inmuta, ni sus ministros, ni los dirigentes de su partido, ante el hecho irrefutable de que reverencian a un dirigente que sin el menor pudor apostata de todo aquello que defendía. Y al mismo tiempo apostatan ellos mismos, que se someten a lo que les marca el líder aunque significa echar abajo sus principios éticos y morales, que eran público y defendían hasta que desde Moncloa les indicaron que ya no servían y tenían que aceptar los que dictaba Puigdemont. Con un argumento que no creen ni ellos: que sin Puigdemont podían perder el poder y llegaría la extrema derecha de la mano de Feijóo.
Ni siquiera mintiéndose a sí mismos pueden creer que Feijóo y el PP sean la ultraderecha. Sin embargo, algunas de las exigencias de los independentistas en materia de inmigración, y que en principio Sánchez no rechaza, forman parte de lo que defienden partidos de la extrema derecha: una xenofobia que va contra la igualdad y los derechos de los individuos, en este caso los inmigrantes, a los que obligarán a asumir la lengua catalana si pretenden legalizar su situación; distinto trato en función de su país de origen. Mejor que no sean latinoamericanos, no sea que se empeñen en utilizar su lengua y mantener sus tradiciones y cultura. Y habrá que ver cómo pretende aplicar el independentismo el control de las fronteras, o las exenciones fiscales según el pedigree de quienes pretendan convertirse en ciudadanos catalanes. Porque ejemplos de racismo se producen todos los días en el ámbito independentista. .
Llevamos tiempo diciendo que jamás pensamos que Sánchez aceptaría dar pasos que consideraba contrarios a la Constitución, a lo que defendía su programa electoral, o que juró que jamás aceptaría. Ha aceptado todo y por su orden.
Ahora toca caer en la xenofobia de los socios que le aportan 7 votos que valen su peso en oro.