La recién aprobada ley de amnistía se encuentra en un cajón que parece que se ha atascado y que no se abrirá hasta que los gabinetes de los partidos y del Gobierno determinen cuál es el momento adecuado para su publicación en el Boletín Oficial del Estado, momento en el que entraría en vigor con todas sus consecuencias, si antes no se produce algún movimiento judicial que la condicione.
Jugar con el calendario es uno de los elementos esenciales de la actividad política cuando de las prisas o las dilaciones dependen efectos relevantes de las leyes, sobre todo cuando están implicados un proceso electoral y la constitución de la Mesa del Parlament de Cataluña.
Como siempre, los independentistas tienen prisa, sobre todo Junts, que aún aspira a que Carles Puigdemont pueda ser el nominado el primero para presentarse a la investidura como presidente catalán, para lo que necesita que la ley de amnistía esté publicada en el BOE y tener alguna chance de no ser detenido cuando pise España, tras haber llegado algún tipo de acuerdo con ERC, al que cedería la presidencia del Parlament, un diálogo en el que por supuesto el PSC también tiene algo que decir. Si la ley de amnistía se publica después de las elecciones europeas, Carles Puigdemont tendrá más cerca su salida de la vida púbica si cumple su promesa de no ser menos de presidente de la Generalitat.
El calendario tiene dos fechas sucesivas, determinantes, el 9 de junio, fecha de las elecciones europea, y el día 10 cuando se ha de constituir la Mesa del Parlament catalán, y entre tanto el Gobierno dispone de quince días desde su aprobación para la publicación de la ley de amnistía en el BOE. Cabe preguntarse si el Gobierno se va a arriesgar a dar ese paso y que Puigdemont pueda volver a España, para ser detenido de inmediato, como afirman los fiscales del 'procés, y en el caso de que en este tiempo algún tribunal presente una cuestión prejudicial ante el Tribunal General de la Unión Europea. O para que se haga presente en los últimos días de campaña cortando las expectativas del PSOE de obtener un resultado que no sea desastroso para sus intereses, y en todo caso no tiene por qué dar un triunfo a Junts, que desde el momento que la ley de amnistía tuvo luz verde en el Congreso no ha dejado de proclamar su victoria sobre el Gobierno y sobre el Estado y de seguir con sus amenazas sobre el futuro de la legislatura si Pedro Sánchez no se pliega a sus demandas para hacer presidente a Puigdemont, y para el reconocimiento nacional de Cataluña, vía referéndum. Si, como afirman desde Junts, el pacto de Bruselas fue solo para la investidura de Pedro Sánchez y no para la legislatura, ahora que no les ha ido bien en Cataluña exigir la presidencia de la Generalitat es aplicar la ley del embudo.
Los resultados de las elecciones europeas también pueden leerse en Cataluña como una segunda vuelta de las elecciones catalanas del 12-M. Si el PSOE obtiene unos resultados razonables y los independentistas no remontan aquellos con los que cuentan debieran asumir que la ley de amnistía que reclamaban les ha pasado factura y ha beneficiado a quién más ha arriesgado en su aprobación y definitivamente debería llevar a la reflexión de los partidos independentistas, a aceptar su situación de minoría en el Parlament y la sociedad catalana.