Tanto la intervención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para explicar las líneas maestras de su acción política a lo largo de los próximos meses y hasta el final de la legislatura, como la de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para tratar de hacerlo en el Senado sobre el pacto firmado entre el PSC y ERC a cerca de la financiación singular de Cataluña, y la reacción que ambas han suscitado muestran la dificultad para que se alcance un acuerdo sobre cuestiones tan relevantes como la reforma fiscal en general y la autonómica en particular.
Como el Gobierno considera que no hay mejor defensa que un buen ataque no ha dudado en ponerse manos a la obra, para tratar de desmentir que la financiación singular que se pretende para Cataluña contribuya a aumentar la desigualdad entre las comunidades autónomas, a poner en almoneda el marco constitucional y a tratar de segar la hierba bajo los pies al PP, que quiere hacer valer su poder autonómico contra el Gobierno. Que Feijóo trata de que no se les desmanden las comunidades autónomas con los cantos de sirena de acuerdos bilaterales y reúne a sus barones para lograr hablar con una sola voz en un asunto tan complejo en el que difieren los intereses de cada una de ellas, Sánchez propone una serie de reuniones bilaterales con los presidentes autonómicos populares para hablar de lo suyo.
Sánchez afirma que su gobierno es el que más fondos ha transferido a las comunidades autónomas para la financiación de los servicios públicos, y que duplicará la aportación al Fondo de Compensación Interterritorial para garantizar la solidaridad y la igualdad entre todas las regiones. Lo hace también con la advertencia de que esa desigualdad viene dada por el 'populismo fiscal' que supone que algunas de ellas no cesan de realizar rebajas fiscales que benefician sobre todo a los más pudientes frente a las clases medias y los más vulnerables, con la vista puesta en la Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso. Sánchez tampoco renuncia al populismo fiscal que supone la promesa de subir impuestos a los ricos, mientras sigue sin proyectarse la acción que verdaderamente se necesita, una reforma completa del sistema tributario tantas veces prometida y tantas veces aplazada.
Lo que Sánchez y Montero están proponiendo es una nueva suerte de café para todos, precisamente lo que no quieren ni ERC, firmante del pacto, ni Junts que también pide el cumplimiento de los acuerdos que facilitaron la investidura, y se pone manifiesto que el PSOE cuenta con una manta muy corta para tapar simultáneamente las reclamaciones catalanas y las del resto de las comunidades autónomas, y con la espada de Damocles de las amenazas de los dos grupos independentista catalanes de los que depende su apoyo parlamentario y que, en el caso de ERC, si tiene un calendario para que la 'financiación singular' que supone la recaudación de todos los impuestos en el Principado se lleve a cabo. Y mientras los independentistas hablan claro de lo que quieren no se sabe aún cuáles son los criterios que propone el PP para un nuevo modelo de financiación autonómica.
Sánchez y Montero han ganado tiempo con las explicaciones dadas, pro como les ha advertido el senador de Junts, Eduard Pujol, "ojo con las trampas y los efectos especiales". O sea, que no se saque conejos de la chistera y comience a poner hechos sobre la mesa. La aprobación de la senda fiscal que presentará el Gobierno y que ya fue tumbada por Junts dará la primera idea de cómo van las relaciones entre ambas partes.