Nos sobran motivos para ser desconfiados. Con un gobernante falto de principios, hay que andarse con mucho tiento antes de llegar a conclusiones que parecen inamovibles.
Ha comparecido ante el juez Carmen Pano, que asegura que fue hace meses a la sede de Ferraz a entregar 90 mil euros a una persona que la esperaba en la sede del PSOE. Convocada ahora de nuevo, la única "prueba" que aportó fue el nombre de la persona que la llevó en coche a la cita. No hace falta ser abogado, ni juez, para comprender que eso no es prueba de nada, sin que eso signifique que Pando miente. Pero sorprende que alguien considere que es una prueba irrefutable.
La semana pasada el Tribunal Supremo determinó que había razones para que la UCO registrara el despacho del Fiscal General del Estado y considera que el borrado de sus teléfonos evidencia que hizo desaparecer pruebas. Sin ser delito el borrado, podría ser indicio incriminatorio en el caso de que García Ortiz tuviera que comparecer ante un tribual, que es lo que el Fiscal y Moncloa quieren evitar.
Sus abogados han anunciado recurso ante el Tribunal Constitucional para intentar que exprese su posición contraria a que la UCO pudiera registrar el despacho de García Ortiz, lo que anularía el procedimiento abierto contra el Fiscal General. Este gobierno lleva tiempo queriendo que el TC corrija las decisiones del Supremo adversas a sus intereses, y se ocupó de que el TC cuente con mayoría suficiente para lograr sus objetivos, y un presidente que Sánchez y Bolaños consideran inequívocamente afín.
Cualquier profano en la materia -incluida esta periodista- puede perderse en esa rivalidad entre tribunales, jueces y fiscales. El espectáculo es impropio de un país democrático, con presiones y descalificaciones profesionales de los jueces y fiscales que no se avienen a esos intereses.
Es tan así, que el hecho de que Carmen Pano afirma ante un tribunal que entregó en Ferraz un dinero que procedía de un comisionista, sin más prueba que el nombre del conductor que la llevó a Ferraz, hace pensar que es posible, quizá probable, que Pano se convierta ahora en la persona que utilicen Moncloa y la Fiscalía General para acusar a medios hostiles de formar parte de una campaña de descrédito contra el gobierno, y nos encontremos con la resurrección del "no hay caso" que tanto han utilizado presidente, ministros y diputados.
La inexistencia de las pruebas acusatorias de Pano, no significa que el Fiscal General sea víctima de una campaña de descrédito. El borrado de sus móviles es indicio de destrucción de pruebas. Pero también es indicio, o prueba de posibles delitos, que personas próximas a Sánchez se hayan hecho con un buen patrimonio sin explicar su procedencia, que se haya utilizado dinero público para asuntos privados, y que el tráfico de influencias haya estado a la orden del día, así como el pago de alquileres para uso y disfrute de personas vinculadas con altos cargos.
Sí hay caso. Casos. Y se acabará demostrando.