Los plazos para negociar la ley de amnistía se acaban, aunque siempre existe la posibilidad de una prórroga. Las elecciones gallegas del próximo domingo, las revelaciones de un alta fuente, altísima, del Partido Popular sobre lo que piensan o han pensado o barajaron para la investidura de Alberto Núñez Feijóo que incluía la necesidad de hacer algún tipo de movimiento para la "reconciliación" en y con Cataluña -pese a desmentidos- no han frenado las negociaciones sottovoce entre el PSOE y Junts para sacarla adelante, y aunque las posiciones están todavía alejadas, existe el convencimiento entre las partes sobre su futura aprobación, entre otros motivos por que no hay otra alternativa para Junts, al que presionan desde dentro y desde fuera, y porque Pedro Sánchez lo necesita para asegurar más tiempo en La Moncloa mediante la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, que también entran en esta ecuación.
Incluso los que no negocian, como ERC, apuntan a la vía de escape de los indultos concedidos por el Gobierno para el caso de las personas que no pudieran ser cubiertas por la amnistía, aunque desde el Gobierno se añade que todos los delitos cometidos durante el procés quedarían cubiertos, que la fiscalía también echaría una mano -en la medida de sus posibilidades porque son los jueces los que deciden- y a que también son relevantes las palabras de la más alta fuente del PP acerca de que será difícil de sostener una acusación de terrorismo para Carles Puigdemont y Marta Rovira, que haría innecesario incidir en la modificación de ese aspecto de la ley de amnistía, que además pondría en riesgo su constitucionalidad, según el Gobierno.
La próxima estación intermedia es la reunión de la Comisión de Justicia del Congreso para que saque adelante un nuevo dictamen sobre la proposición de ley de amnistía con la posibilidad de prorrogar otros quince días la negociación hasta llegar a la estación término y la votación decisiva para no estirar el debate más de lo imprescindible ante el convencimiento de que después de aprobada la ley,- a pesar de las contraindicaciones sobre la igualdad de los españoles, el respeto a las decisiones judiciales y el menoscabo del Estado de derecho-, bajará la polémica que tendrá un punto álgido el próximo miércoles con el enfrentamiento entre Sánchez y Feijóo en la sesión de control en la que ambos políticos se echarán sus contradicciones a la cara.
Como todo en política es de ida y vuelta, es ahora el grupo socialista español en el Parlamento europeo quien ha hecho llegar a los comisarios incumbidos y a la Comisión de Venecia del Consejo Europeo, que recientemente visitó España para analizar no la ley, sino el procedimiento de su elaboración, la nueva posición del PP acerca de las negociaciones con Junts, la posibilidad de conceder indultos condicionados a los líderes del procés que faltan por juzgar y la dificultad de demostrar que Puigdemont es un presunto terrorista. Aunque desde el PP se diga que la altísima fuente no dijo lo que dijo, se trata de un dato más a tener en cuenta en la "actitud vigilante" que mantiene la Comisión Europea sobre las consecuencias para sus intereses de la ley de amnistía ha debido ver con la misma sorpresa que los militantes del PP el giro de guion escrito por Alberto Núñez Feijóo.