La decisión de los catorce consejeros de Economía y Hacienda de las comunidades autónomas presididas por el PP de abandonar la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera nunca se había producido. En muchas ocasiones se había reunido sin la presencia del representante de Cataluña que con gobiernos nacionalistas e independentistas tiene aversión a cualquier cosa que tenga aroma a café para todos. Pero siempre hay una primera vez en que ocurre una cosa imprevista, en este caso bien urdida por los representantes del PP que le han declarado la guerra a la mutualización de la deuda de todas y cada una de ellas por la vía de la condonación de una parte de los fondos recibidos por el Fondo de Liquidez Autonómica que les prestó el dinero cuando no podían salir a los mercados.
Sus razones están sustentadas en que se pretende blanquear a los independentistas que pusieron en un brete la unidad el España con su proceso independentista y ahora socios que precisa Pedro Sánchez para mantenerse en el poder y obligado a cumplir sus compromisos. La condonación de la deuda ha comenzado con mal pie tanto por la decisión de los gobiernos populares, pero también por la decisión de algunos socios del gobierno que tampoco ven cumplidas sus expectativas porque el deterioro de las finanzas regionales es tal que solo piensan en un nuevo sistema de financiación autonómica con el que pagar los servicios sociales.
Quizá la decisión de los consejeros autonómicos populares no haya sido la más adecuada si lo que se pretende es contar con una vida institucional normalizada y mantener un espacio de diálogo donde quienes piensan de distinta manera puedan expresar sus opiniones. Pero en los últimos años se asiste a muchas primeras veces que hacen de la vida política un territorio incierto. Además, se trataba de una representación de la que ya se sabía cuál iba a ser el desenlace, la aprobación de la medida propuesta por el Gobierno, y por eso, más allá del desplante realizado a la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, la decisión de los gobernantes populares es inocua políticamente, aunque todos ellos han demostrado que formalmente siguen las instrucciones de su líder, Alberto Núñez Feijóo.
Formalmente, porque salvo los consejeros muy cafeteros como la representante de Madrid o la de Baleares y quienes apuntan a que recurrirán a los tribunales, el resto está dispuestos a estudiar la letra pequeña de la oferta que realiza el Gobierno, la condonación para pagar a escote más de 80.000 millones de euros, y ver en qué forma les afecta sus finanzas, porque resulta muy difícil de explicar a sus votantes que no van a mejorar sus servicios sociales porque están dispuestos a quedarse tuertos por ver ciegos a los catalanes.
A nadie se le escapa la motivación de la condonación, ni la causa del rechazo de los populares, ni que se trata de un nuevo servicio prestado por el Gobierno a los 'indepes', pero aún quedan muchas batallas parlamentarias que librar parara que sea efectiva, la primera, convencer a Junts, afectada de un nuevo ataque de celos con ERC.
El comodín es señalar que la condonación es un parche y que se precisa es un nuevo modelo de financiación autonómica que sustituya al que lleva caducado una decena de años. Todos quieren lo mismo, pero ni tan siquiera entre las comunidades del PP hay acuerdo sobre el sistema de reparto de fondos.