Esto no va de morbo, de indagar en el quién se acuesta con quién. En España, al contrario de lo que ocurre en países en los que los políticos deben guardarse del adulterio si no quieren perder su carrera, no se suele entrar en la vida íntima de los políticos, sin que eso signifique que todos ellos tengan un comportamiento ejemplar. Hay mucha hipocresía en ese sentido, e incomodan profundamente los alardes de vida familiar ejemplar cuando no lo es tanto. Pero allá ellos con su conciencia. Pero esto, lo de Jessica R, no va de morbo, aunque es indiscutible que lo tiene.
Esto va de un miembro de gobierno, que ha podido echar mano de dinero público para costear los gastos de su amante. Viajes formando parte del séquito oficial, o contratos como administrativa en dos empresas públicas a las que nunca se incorporó, pero sin embargo, cobró su salario. La propia Jessica R. así lo ha confesado a preguntas del juez.
Siendo grave, más lo es que el alquiler del piso lo pagara un empresario que conseguía adjudicaciones de obra del ministerio de Transportes, Adjudicaciones hoy bajo investigación judicial, con varios imputados, incluido el propio ministro, José Luis Ábalos. Todo ello controlado por una trama dirigida por el comisionista Víctor de Aldama, alguno de sus colaboradores, más el asesor del ministro, Koldo García, y su hermano.
Ábalos fue cesado de forma fulminante hace poco más de dos años, y después dimitió de la secretaría de Organización del PSOE, el cargo más relevante tras el secretario general. Hubo muchos rumores sobre los porqués de aquellas dimisiones, que ahora se confirman. Cuanto más se sabe, cuanto más se confirman aquellas sospechas, Y más indigna la reacción del gobierno ante hechos que, si no son delictivos, lo determinarán los jueces, se parecen mucho.
La corrupción económica, y la hipocresía con la que se presumía de comportamientos intachables cuando había una trastienda que necesariamente debían conocer los responsables del gobierno, llena de indignación. El PSOE se ha hartado de responsabilizar a altos cargos de otros partidos de la corrupción de sus subordinados, y, por tanto, no pueden ahora acusar de difamación a los que les exigen explicaciones de lo que hacían y deshacían algunos de sus más importantes colaboradores, muchos de ellos amigos y compañeros con los que mantenían relación muy estrecha.
El Gobierno de Sánchez ha mirado hacia otro lado cuando no le convenía mirar al despacho de al lado. Imperdonable. Pero más imperdonable es que encima arremeta contra los jueces, fiscales, UCO y periodistas que cumplen su trabajo. Los periodistas denuncian casos que les parecen delictivos, y los jueces, fiscales y UCO, que se toman en serio su trabajo, investigan a fondo los hechos, empeñados en conocer la verdad y se cumpla la ley. Lo hacen a pesar de las presiones y descalificaciones emanadas de Moncloa.
Esto, lo de Jessica R., no va de morbo. Va de presunta corrupción, de comprar voluntades con uso vergonzoso de dinero público.