Los menores emigrantes no acompañados varados en Canarias "no pueden ser paquetes de Amazon", ha denunciado el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, después del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y Junts para su reparto por las distintas comunidades autónomas para aliviar la situación en las islas y en Ceuta. La distribución se realizará de acuerdo a unos principios 'objetivos' sobre el esfuerzo realizado por cada comunidad autónoma en la acogida de menores no acompañados a lo largo de los últimos años, sus infraestructuras y otra serie de parámetros, lo que da lugar a una asignación dispar, que ha sido rechazada por los presidentes autonómicos populares, que anuncian medidas legales contra el acuerdo que se materializará vía real decreto aprobado en el Congreso, o apuntando a una rebelión al cumplimiento de la ley que el Gobierno considera que no se producirá porque sería caer en la prevaricación.

Como este asunto lleva ya muchos meses pendientes de resolución y ha pasado por distintas vicisitudes políticas en las que unas veces el acuerdo parecía próximo, tanto que motivó la salida de Vox de los gobiernos que compartía con el PP, como otras en las que la propuesta fue desechada por el PP, Vox y Junts en el Congreso, al acuerdo actual se le pueden aplicar tres ideas utilizadas en otros momentos sobre la solución a los problemas migratorios.

"Teníamos un problema y lo hemos solucionado". En este caso el compromiso ha venido de la mano de Junts con quien el Gobierno ha pactado el reparto, tras su acuerdo sobre la delegación de competencias en materia de inmigración, a quien ha vuelto a dejar en su mano la explicación del pacto, lo que lejos de apaciguar el debate lo encona dada la escasa sensibilidad de los independentistas catalanes respecto a las demás comunidades autónomas, por su deseo de exacerbar las diferencias en las que salen beneficiados.

"El Gobierno invita y las comunidades autónomas pagan". El Gobierno se ha comprometido a que la distribución de los menores no acompañados vaya seguida de financiación para que la acogida sea efectiva, pero está sujeta al cumplimiento de una serie de condiciones que tienen que ser conocidas y reconocido el esfuerzo realizado para dotarse de las infraestructuras de acogida. El Gobierno tiene previsto destinar cien millones de euros con los que compensar la distribución de los menores.

"Los gobiernos autonómicos se comprometen con la solidaridad, pero luego no cumplen". Todos ellos reconocen la existencia del problema, de la saturación de los centros de Canarias y de Ceuta, que son la que reciben más menores no acompañados, pero la acogida voluntaria de esos menores ha sido testimonial. Y en muchos casos la demanda de una mayor financiación por parte del Gobierno va acompañada de rebajas fiscales que merman su capacidad de gasto, lo que origina nuevos desencuentros a la hora de fijar la financiación de la medida, y en la mayoría de las comunidades autónomas existe un déficit de plazas para la acogida de menores en relación a su número de habitantes. Esta situación se agrava en aquellas que están más pobladas, que son aquellas en las que está previsto que reciban un mayor número de niños y jóvenes migrantes.  

Como en todos los debates políticos los relatos partidistas se combaten con los datos que los desmienten, y en este caso las comunidades autónomas que parecen que son las más beneficiadas, Cataluña y País Vasco, son las que más menores acogidos tienen desde hace más tiempo.