Los endiablados resultados arrojados por las urnas el 23-J tendrá como consecuencia inmediata que el Consejo General del Poder Judicial seguirá sin ser renovado y se acercará al quinto año con su actual composición y juego de mayorías y minorías. lo que supondrá que los miembros que quedan desde su nombramiento habrán duplicado su mandato por la decisión del PP de no permitirlo y mantener bajo su control el órgano de gobierno de los jueces.

De haber conseguido la mayoría absoluta, la previsión del PP y su aliado era derogar la ley que impide al CGPJ en funciones el nombramiento de los magistrados para los tribunales más importantes, una situación que, por ejemplo, se deja sentir cada vez con mayor fuerza en el Supremo, por la jubilación de sus miembros y que obliga a muchas Salas a hacer encaje de bolillos para su constitución, además de cercenar las expectativas de carrera de muchos jueces.

Frustrada esa esperanza, a no ser que se celebren nuevas elecciones en las que gane la derecha, queda por abordar la renovación pendiente que en este caso se haría por el procedimiento actual tal y como exigen los partidos progresistas, después de que el PP se haya negado durante todo este tiempo a aceptar que la renovación ha de hacerse con las reglas existentes.

Por mucho que se intente dar otra visión, el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, ha insistido en todas sus intervenciones que lo prioritario es abordar la renovación del CGPJ para acabar con su anómala situación, y posteriormente proceder a la modificación del sistema de elección de los vocales de extracción judicial para que los jueces elijan a los jueces. Si hasta ahora no ha sido posible la renovación, la causa es el bloqueo instado por el PP con variadas excusas para que no se produjera el cambio de mayorías de acuerdo con la composición del Parlamento y que han ido desde la inclusión de determinados candidatos vetados por el PP a la propia composición del gobierno de coalición, y desde la reforma de los delitos de sedición y malversación a las presiones de la derecha judicial y mediática que impidieron a Feijóo estampar su firma en un acuerdo que estaba cerrado, porque la renovación ha estado en varias ocasiones a punto de ser acordada

Si la XV Legislatura echa a andar se quedará al albur de la próxima excusa que proceda del PP para mantener el bloqueo del CGPJ, o la derecha tendrá que rendirse a la evidencia de que en su próxima composición habrá una mayoría de vocales de carácter progresista. Para presionar a los partidos no estaría de más que se produjera una dimisión en bloque de los vocales de este sector, que dejara aún más en evidencia la precariedad del CGPJ. Si hay renovación con las normas actuales un futuro gobierno del PP podría encontrarse con un CGPJ progresista y con el mismo bloqueo que ahora preconiza. En cualquier caso, la renovación del CGPJ no puede esperar más, aunque la ausencia de puentes entre PSOE y PP no augura muchas esperanzas. Para la aprobación del nuevo sistema de elección de los vocales jueces se necesita una mayoría de tres quintos del Congreso que en las circunstancias actuales se antoja muy lejana de alcanzar, y porque el PSOE considera que actual modelo es plenamente constitucional.