El presidente de la Patronal de la Construcción, Javier Carretero no se muerde la lengua a la hora de señalar los problemas que acucian a su sector, ni tampoco a la de repartir responsabilidades sobre aquellos que tienen que resolverlos. La pasada semana, nos hacíamos eco en el periódico de un problema de esos que estrangulan el desarrollo de una ciudad y que en este caso tiene tanto que ver con la gestión como con la carencia de recursos para llevar a cabo planes y proyectos, y es el atasco a la hora de la tramitación de licencias urbanísticas que existe años ha en la oficina municipal de Urbanismo.

Cifras cantan, y además son del propio Ayuntamiento, que en el pleno del mes de febrero daba respuesta a una pregunta realizada por el grupo municipal socialista sobre este particular. El concejal del ramo, Alejandro González-Salamanca aseguraba que en 2024 sólo se concedieron 24 licencias para la construcción de un total de 250 viviendas, y otorgó cuatro de las siete licencias ambientales solicitadas, a falta de tramitar las dos presentadas en lo que va de año.

El anunciado plan de choque por parte del equipo de Gobierno en octubre de 2023 para ponerse al día en la tramitación de viviendas no parece haber dado los frutos apetecidos, quizá lastrado por la falta de efectivos en la oficina municipal, un problema que ya se detectó en el anterior periodo de Gobierno socialista y que el plan de sus sucesores al frente del Ayuntamiento no ha conseguido resolver.

Sean galgos o podencos, el hecho cierto es que desarrollar un proyecto inmobiliario o empresarial que dependa de la concesión de la preceptiva licencia urbanística en Segovia no resulta especialmente atractivo para promotores o emprendedores. La ley contempla un plazo máximo de tres meses para la concesión de este documento, y el concejal reconoció en pleno este dato argumentando que los supuestos "no son en absoluto homogéneos y la tramitación puede tener una duración muy diversa".

Quienes conocen el sector de la construcción – y Javier Carretero lo conoce- expresan su perplejidad por el hecho de que haya semanas en las que no se aprueben licencias, y que algunas de ellas duerman el sueño de los justos entre documentos desde hace más de un año. La esclerosis administrativa retrasa a su vez proyectos empresariales y urbanísticos cuyos responsables han invertido un dinero que no pueden comenzar a amortizar debido a la imposibilidad de poner en marcha negocios o promociones. El "efecto llamada" también aleja a los posibles inversores de la posibilidad de desarrollar sus proyectos en Segovia, ya que eligen otras provincias en las que la burocracia administrativa sea más resolutiva.

No es un problema menor, ni mucho menos, para una ciudad muy necesitada de ampliar su oferta de vivienda, especialmente de promoción pública. El elevadísimo precio de los alquileres está reconvirtiendo el mercado inmobiliario hacia la compra, y la escasa oferta de vivienda nueva no cubre las necesidades. En el horizonte, el desarrollo urbanístico de Las Lastras y la importante inversión que se prevé para los próximos años va destinada a paliar esa necesidad, y las viviendas colaborativas que ya se construyen en el barrio de Ciudad y Tierra serán una oportunidad para quienes accedan a la vivienda en unas condiciones más favorables.

Pero nada de esto será útil si se choca de forma constante con una administración municipal que no es diligente para tramitar licencias, ni tampoco si la administración autonómica no pone negro sobre blanco a la hora de desarrollar los proyectos. No parece complicado pensar en que dos administraciones del mismo signo puedan resolver de forma eficaz cualquier problema que se les ponga por delante sin la excusa de trabas de origen político. El del urbanismo es, sin lugar a dudas, uno de los asuntos que deberían ir mas allá de la confrontación política. Su desarrollo compromete el futuro de la ciudad a medio plazo, y si la queremos vivible y sostenible, con mayor motivo.